Tanto las derechas como las izquierdas del régimen actual, utilizan el Estado como una finca particular donde se produce un fenómeno cada vez más habitual y extendido de economía de "pesebre", basado en el reparto del dinero de nuestros impuestos en los Presupuestos Generales que se aprueban tanto por parte del Estado, como las CCAA o los Ayuntamientos, que habitualmente utilizan el instrumento jurídico formal de Contratos de Obra o Servicio, y se dedican a beneficiar a las grandes empresas privadas o públicas de los sectores estratégicos de la economía, del desarrollo, de la distribución y del mercado, con la contrapartida a veces de cobrar cuantiosas comisiones no declaradas..
Por el lado administrativo-laboral las derechas y las izquierdas del régimen han creado también otro "pesebre" basado en una concepción de la Administración Pública no controlada ni por el poder judicial ni por la mediación independiente.
La administración pública está cada vez está más apartada del régimen jurídico basado en la igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que tendría que realizarse mediante convocatorias públicas libres.
Por el contrario, y por regla general, las convocatorias se realizan arbitrariamente, sin transparencia y sin el control necesario para evitar las irregularidades y las distintas trampas que se pudieran producir en esas convocatorias.
Aprovechando las competencias jurídico-administrativas adquiridas por la política del régimen, en todos los campos sociales, económicos, culturales, educativos y de la comunicación estratégicos de la vida nacional, van creando, adquiriendo y repartiendo puestos directivos en la administración, las empresas, las sociedades o las fundaciones públicas en los organigramas y en las relaciones de puestos de trabajo que, después de las ceremonias electorales, los partidos políticos del régimen pudieran controlar, con el objeto de beneficiar y/o "colocar"a sus militantes, allegados políticos, clientes necesarios o compromisos que han adquirido para conseguir el poder, y que tienen que devolver desde el momento que consiguen la parcela de poder necesaria y suficiente para poder realizarlo o ejercerlo.
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